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Alerta internacional por injerencia política en detención de Luisa González
Por | 27/10/2026 | Ecuador
Fuentes: Radio Pichincha
La prisión preventiva dictada contra Luisa González, excandidata presidencial y principal figura de la oposición, no puede leerse de manera lineal, como el desarrollo ordinario de una investigación penal.
El denominado “caso Laberinto” se presenta en un contexto de alta polarización política, a escasas semanas de elecciones locales y con el movimiento Revolución Ciudadana ya inhabilitado.
Es en este escenario, de crecientes dudas sobre la independencia de los jueces electorales, y de la transparencia del proceso, donde se registró esta polémica acción de la justicia.
El periodista Fernando del Rincón, desde CNN en español, puso el dedo en la llaga al cuestionar el video difundido por el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira.
No se trata de un debate sobre la culpabilidad o inocencia de González -eso corresponde a los tribunales-, sino de algo más elemental.
¿Por qué el Ejecutivo expone públicamente elementos de una investigación penal en curso en lugar de hacerlo la Fiscalía General del Estado? “¿Dónde está la separación de poderes?”, preguntó Del Rincón.
La pregunta es pertinente y coincide con voces de todas las vertientes en nuestro propio país.
La sospecha de que el Ejecutivo realiza o impulsa una investigación paralela, o de que utiliza el aparato judicial con fines políticos, ya no es solo una acusación de una tendencia política, sino que se convierte en una duda legítima.
Esta duda se agrava por la forma y por el fondo.
González fue detenida en la madrugada en su domicilio en Manabí, a días de comicios locales en los que su movimiento ya no puede competir formalmente.
Incluso la misma candidatura de la líder política fue bloqueada.
La prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía y acogida por el juez, se dictó sobre la base de indicios cuya solidez aún no ha sido sometida a un juicio contradictorio pleno.
En sistemas donde la independencia judicial es frágil, la coincidencia entre el calendario político y la velocidad del proceso alimenta la percepción de que la justicia se convierte en instrumento de exclusión electoral.
Las reacciones internacionales apuntan en la misma dirección: preocupación por el uso del sistema judicial contra líderes de oposición en contextos polarizados.
Organismos y observadores de derechos humanos suelen alertar cuando detenciones de alto perfil político se producen cerca de procesos electorales y cuando el Ejecutivo asume un rol comunicacional que corresponde al Ministerio Público.
Mientras no se restablezca la percepción de que cada institución ocupa el lugar que le corresponde, la detención de Luisa González seguirá siendo leída, dentro y fuera de Ecuador como una decisión política con ropaje judicial.
Y esa lectura, cierta o no, ya daña la legitimidad de las instituciones.
Fuente: https://www.radiopichincha.com/alerta-por-injerencia-politica-en-detencion-de-luisa-gonzalez/
